INTERVENTOR DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA LA EXISTENCIA DE UNA “CAJA PARALELA” EN LA MUNICIPALIDAD DE CDE.
Ramón Ramírez, interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, anunció esta mañana en conferencia de prensa la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público por un supuesto esquema...
Ramón Ramírez, interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, anunció esta mañana en conferencia de prensa la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público por un supuesto esquema delictivo que operaba dentro de la institución.
Según el interventor, existen indicios confirmados de la existencia de una “caja paralela” utilizada para desviar fondos provenientes de los contribuyentes de la segunda ciudad más importante del país.
La denuncia fue presentada con todas las documentaciones que respaldan las acusaciones, incluyendo la identificación de los presuntos responsables de estos hechos de corrupción.
“Encontramos un esquema de desvío de recursos a través de lo que denominamos una caja paralela, a espaldas de los fieles y responsables contribuyentes de Ciudad del Este”, afirmó Ramírez.
De acuerdo con su explicación, el dinero abonado por los contribuyentes, especialmente en concepto de impuestos inmobiliarios, no ingresaba a la Tesorería Municipal. Ramírez describió el mecanismo, al que calificó como “delictivo más que irregular”.
“Detectamos una numeración de comprobantes totalmente inconsistente con el sistema oficial. Al revisar pagos de impuestos inmobiliarios, hallamos casos como el de la caja número 6: figuran operaciones en fechas específicas, pero ese día dicha caja no operó”, detalló.
El arqueo correspondiente tampoco refleja que esos montos hayan ingresado a las arcas municipales. El mismo patrón se repitió en nueve operaciones similares, que fueron tomadas como muestra para sustentar la denuncia.
“Quiero dejar en claro que esto es solo una parte pequeña de la investigación. Funcionarios con roles y accesos específicos manipularon el sistema informático para registrar operaciones como pagadas, sin que el dinero fuera ingresado a la tesorería”, agregó.
La asesoría jurídica de la intervención calificó el hecho como un posible delito de extracción y alteración de datos. “Para nosotros no es un simple error administrativo: es una apropiación de los recursos del pueblo, que confirma una vez más las irregularidades encontradas en esta institución”, concluyó Ramírez, señalando que todos los implicados están plenamente identificados.
