MILLONARIA CAUSA SACUDE A INDUFAR: IMPUTAN A CUATRO DIRECTIVOS POR PRESUNTA ESTAFA, LESIÓN DE CONFIANZA Y ASOCIACIÓN CRIMINAL.

Un millonario conflicto comercial entre la firma Bem Estar Clínica Estética S.A. y el laboratorio INDUFAR C.I.S.A. derivó en una causa penal que mantiene en la mira a cuatro altos directivos y ejecutivos de la empresa farmacéutica, quienes fueron imputados por el Ministerio Público por los presuntos hechos punibles de estafa, lesión de confianza y asociación criminal.

La imputación fue presentada por la fiscala Natalia Elizabeth Montanía Sartorio y admitida por el juez penal de garantías Nelio Prieto. La acción penal alcanza a Óscar Humberto Simón Palmerola, Cynthia Monserrat Ríos Villagra, Darío Alejandro Zanin y José Luis Rodríguez Paredes, quienes, según la investigación fiscal, habrían actuado de manera coordinada para desplazar a su socio comercial y favorecer la comercialización de una marca propia del laboratorio.

De acuerdo con los antecedentes del caso, Bem Estar e INDUFAR habían suscrito un acuerdo para la producción y distribución exclusiva de productos elaborados con tirzepatida. En el marco de ese convenio, la empresa afectada desarrolló la marca LipofarBil e inició los trámites para su registro ante la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA).

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que los ahora imputados habrían modificado de manera unilateral la presentación del producto, reemplazando el formato originalmente pactado. Esta decisión habría dejado sin utilidad un lote de 20.882 cajas pertenecientes a Bem Estar, cuyo valor fue estimado en 1.124.000 dólares.

La investigación también menciona presuntos incumplimientos contractuales relacionados con el registro exclusivo del medicamento, diferencias en descuentos comerciales, abastecimiento preferencial a determinadas cadenas farmacéuticas y la devolución de un depósito, circunstancias que, según la carpeta fiscal, impidieron concretar una importante operación comercial.

Una pericia contable incorporada al expediente calcula que el perjuicio económico asciende a G. 24.084.413.169, equivalentes a aproximadamente 4 millones de dólares.

El juez Nelio Prieto fijó para el 29 de julio la audiencia de imposición de medidas para los cuatro imputados. Mientras tanto, el Ministerio Público dispone de un plazo de cuatro meses para profundizar la investigación y reunir nuevos elementos dentro de la causa.