CELESTE AMARILLA PODRÍA ENFRENTAR HASTA UN AÑO DE CÁRCEL Y UNA MULTA DE 45.000 EUROS EN FRANCIA POR SUS DICHOS CONTRA MBAPPÉ.

La polémica generada por las declaraciones de la senadora contra el delantero francés continúa escalando a nivel internacional y podría tener consecuencias legales en Francia.

Según explicó el abogado Sebastián Echagüe, la legislación penal francesa contempla penas de hasta un año de prisión y una multa de 45.000 euros para quienes inciten públicamente al odio o al racismo por motivos de nacionalidad, origen, etnia o religión.

El jurista señaló que la gravedad aumenta cuando este tipo de expresiones son difundidas a través de redes sociales o medios de comunicación, ya que se consideran manifestaciones públicas con mayor alcance e impacto.

La controversia surgió luego de la derrota de Paraguay por 1-0 frente a Francia en el Mundial 2026, cuando la legisladora publicó en la red social X una serie de expresiones dirigidas a Mbappé, calificadas posteriormente como racistas por distintos sectores políticos y deportivos.

En respuesta, Mbappé cuestionó duramente a la senadora, afirmando que sus expresiones son incompatibles con los valores que representa Paraguay y acusándola de promover el odio y el racismo. El futbolista sostuvo además que no permitirá que ese tipo de discursos se propaguen impunemente.

La anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía francesa, calificando las declaraciones de Amarilla como “racistas”, “abyectas” e “inaceptables”, y solicitó que sean investigadas conforme a la legislación vigente.

Mientras tanto, en Paraguay, diversas autoridades nacionales, entre ellas el vicepresidente , además de legisladores de distintos sectores, expresaron su rechazo a las declaraciones de la senadora y resaltaron la histórica relación de amistad entre Paraguay y Francia.

De acuerdo con la explicación del abogado Echagüe, en caso de iniciarse un proceso penal, corresponde al Ministerio Público francés impulsar la acción penal, mientras que la presunta víctima podría reclamar una indemnización por daños y perjuicios mediante la vía civil, siempre vinculada al resultado del proceso penal.