IMPUTAN AL INTENDENTE DE NUEVA ALBORADA POR PRESUNTA TENENCIA DE VEHÍCULO ROBADO Y DOCUMENTACIÓN APÓCRIFA.
Nueva Alborada-Itapúa. La fiscal Griselda González formuló imputación contra el intendente de Nueva Alborada, Óscar Martínez, en el marco de una investigación relacionada con la tenencia de una...
Nueva Alborada-Itapúa.
La fiscal Griselda González formuló imputación contra el intendente de Nueva Alborada, Óscar Martínez, en el marco de una investigación relacionada con la tenencia de una camioneta Toyota Fortuner, color negro, año 2010, identificada con la chapa DPJ 145.
De acuerdo con los antecedentes del caso, el vehículo tendría presuntamente origen ilícito, ya que habría sido robado en Brasil e ingresado de manera irregular al territorio paraguayo. Durante las diligencias investigativas, las autoridades constataron además que la matrícula DPJ 145 no figura registrada en el Registro Único del Automotor.
Según el Ministerio Público, el jefe comunal presentó un documento con el que intentó justificar la posesión del rodado en calidad de depositario judicial. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que dicho documento sería presuntamente falso o apócrifo. Incluso, las firmas atribuidas a dos magistrados habrían sido desconocidas por los propios jueces, quienes manifestaron que nunca firmaron ni autorizaron la documentación exhibida.
La camioneta fue incautada anteriormente tras un accidente de tránsito protagonizado por el hijo menor de edad del intendente, hecho que permitió a las autoridades profundizar las investigaciones sobre la procedencia del vehículo y la validez de los documentos presentados.
Actualmente, el Ministerio Público continúa reuniendo elementos para esclarecer el origen del rodado y determinar las responsabilidades penales que pudieran surgir en el caso. Tras varios meses de diligencias, la Fiscalía consideró que existían suficientes indicios para avanzar con la imputación.
La causa ha generado amplia repercusión pública debido a que involucra a una autoridad municipal. No obstante, las investigaciones continúan y será la Justicia la encargada de determinar las responsabilidades correspondientes conforme al debido proceso.
