OPERATIVO BERILO: EXFISCAL Y FUNCIONARIOS ADMITEN CULPABILIDAD Y SON CONDENADOS POR COIMAS Y PROTEGER CRIMINALES
Fueron hallados culpables de frustrar la persecución penal y soborno agravado. Uno de los condenados fue acusado de cobrar una coima de $20,000 dólares. El Ministerio Público informa que, en el marco...
Fueron hallados culpables de frustrar la persecución penal y soborno agravado. Uno de los condenados fue acusado de cobrar una coima de $20,000 dólares.
El Ministerio Público informa que, en el marco de la causa denominada Berilo, fueron condenados a 2 años de pena privativa de libertad, con suspensión a prueba de la ejecución penal, los funcionarios fiscales Carlos Alberto Aguilar Sánchez y José Ramón Alarcón Paniagua, así como el exagente fiscal Gustavo Ramón Yegros.
Los mismos fueron hallados responsables de los hechos punibles de frustración de la persecución y ejecución penal, realización del hecho por funcionarios y soborno agravado. En el caso de Gustavo Ramón Yegros, además, fue condenado por cohecho pasivo agravado.
El incumplimiento injustificado de las reglas de conducta impuestas implicará la revocatoria de la suspensión y la ejecución de la pena privativa de libertad.
El juez penal de garantías n.º 7, Miguel Ángel Palacios Méndez, dictó la condena luego de que los acusados admitieran los hechos atribuidos en su contra.
La causa guarda relación con el denominado Operativo Berilo, que investiga un esquema criminal vinculado al tráfico de drogas desde el departamento de Alto Paraná. En este proceso también se encuentran acusadas otras 22 personas, entre ellas un exdiputado, quienes deberán enfrentar juicio oral y público.
Gustavo Ramón Yegros, quien se desempeñaba como fiscal en Ciudad del Este, fue acusado de haber recibido la suma de USD 20.000 en concepto de coima durante el ejercicio de sus funciones.
Como parte de las reglas de conducta impuestas, los condenados deberán realizar donaciones a las fundaciones Guadalupe, Asoleu y Rocío Róga, respectivamente, en concepto de reparación social.
Asimismo, tienen prohibido cambiar de domicilio, salir del país y deberán comparecer ante el Juzgado en forma trimestral.
La investigación se inició el 5 de abril de 2018, a partir de la interceptación de llamadas, lo que permitió comprobar la existencia de una organización criminal dedicada al acopio y envío de drogas al Brasil.
