CDE: COMERCIANTE NO SERÁ PROCESADO POR LA MUERTE DEL ASALTANTE

El comerciante Abner Josías Santacruz Torres (29), propietario de un local de venta de celulares, no será procesado penalmente por la muerte de uno de los delincuentes que intentaron asaltarlo en Ciudad del Este, al confirmarse que actuó en legítima defensa, según informó el Ministerio Público.

El violento hecho se registró el viernes en horas de la siesta, sobre la avenida San José y José Martí, en el barrio Ciudad Nueva, y generó una fuerte conmoción a nivel nacional, ya que durante el asalto fallecieron tanto uno de los presuntos delincuentes como la pareja del comerciante.

El asaltante abatido fue identificado como Fredy Javier Gamarra Figueredo (22), mientras que su cómplice, Arnaldo José Gómez Brizuela (19), fue imputado por el fiscal Gabriel Segovia por el hecho punible de robo agravado con resultado de muerte.

El agente fiscal explicó que Santacruz Torres queda exento de cualquier responsabilidad penal por la muerte del asaltante, al comprobarse que su reacción se dio en un contexto de defensa propia ante una amenaza directa.

Asimismo, detalló que el arma utilizada por el comerciante, una pistola calibre 9 milímetros, se encuentra debidamente registrada ante la Dirección de Material Bélico (DIMABEL), por lo que tampoco enfrenta cargos por transgresión a la Ley de Armas.

Tanto esta pistola como la utilizada por el delincuente fueron incautadas como parte de la investigación.

No obstante, el fiscal aclaró que el comerciante continuará vinculado al proceso mientras se aguardan los resultados de las pericias de Criminalística, especialmente en relación con la muerte de su pareja, Fabiola Monserrat Romero Wuyk (32).

“Todavía no podemos adelantar conclusiones sobre esa situación sin los informes técnicos. Las pericias determinarán si existió o no algún tipo de responsabilidad”, precisó Segovia.

En cuanto al cómplice detenido, Arnaldo Gómez Brizuela podría enfrentar una pena de entre 8 y 20 años de prisión, y actualmente cuenta con pedido de prisión preventiva, a la espera de que un juez disponga su traslado a la cárcel regional.