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PRESIDENTE PEÑA PROMULGA LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y ELEVA LOS ESTÁNDARES DE RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN PRIVADA

El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó hoy la Ley N.º 7593/2025 “De Protección de Datos Personales en la República del Paraguay”, una normativa histórica que establece un marco legal...

noviembre 28, 2025 3 Lectura rápida

El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó hoy la Ley N.º 7593/2025 “De Protección de Datos Personales en la República del Paraguay”, una normativa histórica que establece un marco legal moderno para garantizar el uso responsable de la información personal de todos los ciudadanos.

Con esta ley, el Estado paraguayo fortalece y hace plenamente efectivo lo establecido en la Constitución Nacional en materia de derecho a la intimidad, resguardando la privacidad de las personas y asegurando la protección, seguridad y tratamiento adecuado de sus datos personales.

La promulgación también posiciona a Paraguay en línea con los estándares internacionales en materia de protección de datos, representando un paso decisivo hacia una economía digital más moderna, segura y confiable. Asimismo, permite armonizar el marco jurídico nacional con los lineamientos y buenas prácticas promovidas por la OCDE, reforzando el compromiso del país con políticas públicas orientadas a la transparencia, la seguridad jurídica y la defensa de los derechos fundamentales.

La normativa reconoce que los datos personales forman parte esencial de los derechos a la intimidad, privacidad, dignidad y honor de todos los ciudadanos. Establece, además, que ninguna empresa o institución —pública o privada, nacional o extranjera— podrá tratarlos sin una base legal válida, al tiempo que otorga una protección reforzada para los datos de niños, niñas y adolescentes.

En un contexto de creciente digitalización, la ley fija reglas claras sobre cómo deben recolectarse, procesarse y compartirse los datos, evitando abusos como filtraciones, robo de identidad y uso indebido de la información con fines discriminatorios o comerciales sin autorización del titular. También exige medidas de seguridad, transparencia y privacidad desde el diseño, garantizando así una gestión responsable por parte de las organizaciones.

La normativa fortalece los derechos de las personas al establecer mecanismos simples y gratuitos para ejercer las acciones de acceso, rectificación, oposición, supresión y portabilidad de datos, incluyendo la posibilidad de revocar el consentimiento en cualquier momento. Estos principios refuerzan la protección de los ciudadanos frente a los riesgos tecnológicos emergentes.

Asimismo, se crea la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales, una unidad desconcentrada del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), con autonomía funcional. Esta entidad tendrá a su cargo supervisar el cumplimiento de la ley, atender consultas y denuncias, y emitir lineamientos para el adecuado tratamiento de los datos.

La ley no altera ni limita en modo alguno las obligaciones vigentes de acceso a la información pública establecidas en la Ley N.º 5282/14 “De Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental” y en la Ley N.º 5189/14 sobre obligatoriedad de publicación de informaciones del sector público. Todas las disposiciones relativas a funcionarios, uso de recursos estatales, remuneraciones, declaraciones y demás datos considerados de carácter público se mantienen intactas y plenamente vigentes.

De esta forma, la ciudadanía continuará ejerciendo de manera plena el control del gasto público y el acceso a toda la información catalogada como pública. La Ley de Protección de Datos Personales no representa un retroceso en materia de transparencia, sino un avance complementario que convive en absoluta armonía con el régimen de acceso a la información pública.

Con esta promulgación, Paraguay fortalece su ecosistema digital al brindar mayor certidumbre jurídica a empresas, emprendedores e inversionistas. La nueva ley posiciona al país entre las naciones que protegen de manera efectiva los derechos digitales y promueven un desarrollo tecnológico seguro, confiable y centrado en las personas.

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