DESESTIMAN DENUNCIA CONTRA DOS PERSONAS INOCENTEMENTE ACUSADAS DE HURTO DE GRANOS DE SOJA

El Ministerio Público, a través del Agente Fiscal de la Unidad Zonal de Edelira, José Luis Casaccia Varas, solicitó la desestimación de la denuncia presentada contra Félix Ramón Delvalle Báez y Alfredo Damián Aranda Peralta, quienes habían sido señalados como presuntos autores de un supuesto hurto de granos de soja pertenecientes a la empresa Trans Agro S.A., ubicada en la zona de Puerto Don Joaquín, distrito de Capitán Meza.

La causa se había iniciado a raíz de una denuncia formulada por Luis Antonio Olmedo Orvé, jefe de seguridad de la Cooperativa Colonias Unidas, quien informó que los acusados habrían extraído granos del interior del silo y los habrían trasladado hasta la orilla del río Paraná. En el lugar, la policía halló aproximadamente diez bolsas de soja y una pequeña cantidad de granos húmedos esparcidos en el suelo.

Sin embargo, la investigación fiscal permitió comprobar que los granos en cuestión correspondían a un lote de desecho —producto no apto para comercialización—, lo cual fue ratificado mediante declaraciones y documentos oficiales de la propia empresa afectada.

El Gerente General de Trans Agro S.A., Lic. René Becker Dietze, y el Tesorero del Consejo de Administración, Alfredo Schneider, presentaron un escrito aclarando que tras una revisión interna se constató que los productos denunciados eran efectivamente residuos descartados y que todo se trató de un malentendido originado por la magnitud de las operaciones en el establecimiento. Ambos directivos solicitaron formalmente la rectificación del hecho y la desestimación de la denuncia “a fin de evitar mayores perjuicios a las personas injustamente afectadas”.

En consecuencia, el fiscal José Luis Casaccia Varas determinó que no existió hecho punible alguno, razón por la cual se desestimó la denuncia y se dio por concluido el caso.

Con esta resolución, se confirma la inocencia de Félix Ramón Delvalle Báez y Alfredo Damián Aranda Peralta, quienes fueron indebidamente señalados en medios locales y redes sociales como supuestos autores de un robo que nunca ocurrió.

La desestimación dictada constituye un acto de justicia y reparación moral, limpiando el nombre de dos trabajadores que fueron afectados por una denuncia precipitada y carente de sustento.