FISCAL INTERVIENE EN COLEGIO DE CAPITÁN MEZA POR PRESUNTO CASO DE DELITOS AMBIENTALES.
Capitán Meza, Itapúa. – La agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Ambientales N° 2, Angelina Arriola Funes, encabezó este viernes una constitución fiscal en el Colegio María Edith Armoa...
Capitán Meza, Itapúa. – La agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Ambientales N° 2, Angelina Arriola Funes, encabezó este viernes una constitución fiscal en el Colegio María Edith Armoa de Ibarra, en el marco de una investigación por posible hecho punible de delitos ambientales.
La denuncia fue presentada el 1 de octubre por la Comisaría 23ª de Capitán Meza, luego de que el pasado 24 de setiembre varios alumnos de la institución presentaran síntomas como fuertes dolores de cabeza, dificultad respiratoria y temblores, lo que motivó su derivación a distintos centros asistenciales.
Dos días después, el 26 de septiembre, se sumaron otros ocho afectados, entre ellos la directora de la institución, un familiar suyo y algunos padres de alumnos. Los pacientes recibieron atención en hospitales locales, en Encarnación, en el IPS de Asunción e incluso en un centro de salud de la Argentina.
Durante la diligencia, la fiscal Arriola participó de una reunión con autoridades locales y sanitarias. La supervisora Carmen Ibarra detalló la situación, mientras que el director de la VII Región Sanitaria, Dr. Jorge Ayala, aseguró que desde el inicio se garantizó la atención médica a los afectados y que los análisis toxicológicos practicados dieron resultado negativo.
En la constitución también participaron técnicos de ERSAN, SENAVE, la UNI y el Cuerpo de Bomberos de la Unidad de Materiales Peligrosos, enviados por el Ministerio de Educación y Ciencias, quienes procedieron a tomar muestras del agua que abastece a la institución.
Arriola informó además que se conformará un equipo técnico junto con SENAVE Itapúa Norte y la Dirección de Derechos Ambientales (DEDA) del Ministerio Público, para verificar las parcelas agrícolas cercanas al colegio.
En ese sentido, se constató la existencia de una finca agrícola de unas 24 hectáreas sin la franja de protección establecida por la Ley 3742/09, cuya aplicación corresponde a SENAVE.
El Ministerio Público anunció que continuará con las diligencias necesarias para determinar responsabilidades y velar por el cumplimiento de las normas ambientales vigentes.
