LUEGO DE QUE UN JUEZ GARANTISTA LE DIO ARRESTO DOMICILIARIO, YA ENTRO EN NUEVE CASAS A ROBAR DE NUEVO.

El caso de José Andrés Sotelo Silvero, alias “Jose’i”, detenido nuevamente en Obligado tras cometer otro hecho de hurto mientras gozaba de arresto domiciliario, desnuda una peligrosa realidad: decisiones judiciales que, lejos de impartir justicia, se convierten en un cheque en blanco para la delincuencia.

El juez Miguel López, del Juzgado Penal de Garantía de Encarnación, resolvió otorgar a Sotelo Silvero el beneficio del arresto domiciliario. Hoy, las consecuencias están a la vista: el joven reincidió, no una, sino en múltiples ocasiones, burlando a las autoridades y sembrando inseguridad en la comunidad.

La pregunta es inevitable: ¿en qué estaba pensando el magistrado al liberar a un delincuente reincidente bajo una medida tan laxa como el arresto domiciliario? En este caso, el garantismo mal entendido no protege a la sociedad, sino que la expone. Una resolución judicial no puede convertirse en un pase libre para seguir delinquiendo.

El juez López tendrá que responder, no ante la prensa, sino ante la ciudadanía, que es la que padece las consecuencias de sus resoluciones. Cuando un magistrado antepone un formalismo jurídico a la seguridad de la gente, se convierte, aunque no lo admita, en cómplice de la impunidad.

Este hecho debe marcar un precedente. Los jueces no pueden seguir dictando resoluciones desconectadas de la realidad social. La justicia existe para equilibrar derechos individuales y colectivos, pero cuando se inclina solo hacia el delincuente, lo que se genera es indignación, desconfianza y miedo.

La ciudadanía ya está cansada de decisiones judiciales que parecen favorecer al crimen en lugar de combatirlo. El caso de “Jose’i” es el ejemplo más claro de que, si no hay firmeza en la justicia, no habrá paz en las calles.